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Desde el 31 de diciembre pasado, todo ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Administración de forma electrónica sin ser obligado a usar un formato o programa concreto. Sin embargo, ahora mismo, si alguien quería firmar una queja on-line ante el Defensor del Pueblo , la web oficial le obligaba a utilizar un navegador determinado, en este caso el Internet Explorer de Microsoft. Estas imposiciones tienen los días contados.
El pasado sábado entró en vigor el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad . La norma establece las condiciones técnicas que han de cumplir las administraciones en su relación entre sí y, lo que es aún más importante, con los ciudadanos.
Una de las que tendrá más impacto es la que recoge el artículo 11, que obliga a las administraciones a usar estándares abiertos. El reglamento publicado en el BOE los define como una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización y, para ser abierta, debe ser pública, de uso gratuito y no estar sujeta al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Esto implica que algunos de los formatos informáticos más usados hoy, como los .doc (del procesador de texto Word de Office), el .xls (del programa Excel) o el popular .ppt para las presentaciones no serán bienvenidos en la Administración.
Y aunque no parece que vayan a ser muy utilizados en la Administración electrónica, tampoco el formato .mp3, para archivos de audio, el protocolo de telefonía por Internet Skype o el formato de imagen .psd del Photoshop de Adobe son estándares abiertos.
Para la diputada del PSOE Lourdes Muñoz, "los estándares abiertos son más económicos y no obligan al ciudadano a usar una marca determinada". Este reglamento, que desarrolla la parte de interoperabilidad de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), recoge una excepción a la apuesta por lo abierto.
Se aceptarán estándares no abiertos cuando no haya una alternativa abierta y sean de uso común entre los ciudadanos. "Pero en el caso de que no lo haya, la Administración pública se obliga a promover su desarrollo", aclara Muñoz.
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